Una compañía que se dedica a la seguridad privada explicaba hace unos días en una reunión con varios inversores por qué para ellos es importante tener una presencia relevante en Latinoamérica. El motivo es simple, la necesidad de seguridad es mayor.
Nos contaron que cuando entran ladrones en una casa y salta la alarma, llaman rápidamente al cliente. Preguntan si quieren que ellos avisen a la policía para que acudan al domicilio. En España los clientes responden que sí, pero en muchos países latinoamericanos les indican que no. Los segundos tienen miedo a que la policía entre en su domicilio y aproveche para pedirles una mordida. Por ello, piden a las compañías de seguridad un servicio más completo. Tanto para que se desplacen al domicilio como para gestionar la denuncia con la policía.
La diferente reacción de unos y otros no es cultural. Depende de la calidad de la institución que realiza el servicio público. Si nosotros viviésemos allí no querríamos avisar a la policía y si ellos viviesen aquí llamarían a la policía. Tampoco depende del policía en sí. A la misma persona que pide una mordida allí no se le ocurriría pedirla si trabajase en un cuerpo policial de aquí.
La corrupción policial es algo que no es sencillo de combatir, requiere mucho esfuerzo por parte de los ciudadanos, gobernantes y de buenos profesionales anónimos que hagan bien su trabajo. No obstante, el premio por reducirla a una mínima expresión es muy elevado. La diferencia de la eficacia de esta institución entre Europa y muchos países latinoamericanos es una de las causas principales de que aquí haya mejor calidad de vida, más inversión, menos economía sumergida, mayores salarios, mejores servicios sociales, etcétera.
Como hemos visto, no es suficiente que haya un cuerpo policial, sino que tiene que funcionar adecuadamente. Consiste en dar autoridad a unos para proteger a los demás. Pero, por otro lado, tiene que haber mecanismos que defiendan a los ciudadanos de exceso de autoridad de los primeros.
Lo mismo ocurre con otras instituciones. Tiene que haber personas y leyes que protejan eficazmente a los ciudadanos de sus jueces, de su ejército, de sus políticos, de sus bancos, de sus empresas, de sus sindicatos, de sus patronales, de sus reguladores, etcétera. Todos son necesarios, pero todos deben tener límites para que no se produzcan abusos.
En otras instituciones no estamos tan avanzados. La corrupción política sigue siendo elevada en España. Probablemente estaremos a medio camino entre lo que hay en Latinoamérica y la situación del norte de Europa. Casualmente los salarios que se pagan en nuestra economía también están a mitad de camino de lo que se retribuyen en ambas regiones.
El problema es casi idéntico. Las mismas empresas utilizan métodos diferentes para lograr los contratos con las administraciones y empresas públicas en las distintas economías. Un ejemplo son las constructoras. Se adaptan a la forma de competir de cada mercado parmás transparentes y no piden los sobrecostes que aquí demandan y se aceptan.
Por otro lado, hemos visto en repetidas ocasiones como cambiando el color del partido político en el poder no se consigue nada. Por lo tanto, no se soluciona el problema sustituyendo a las empresas, directivos o políticos. Hay que mejorar las reglas del juego para haya más transparencia, más competencia y menos discrecionalidad.
La confianza es la clave del desarrollo económico y ésta depende de la calidad de las instituciones. A largo plazo todos los países suelen mejorar, pero el ritmo de avance es muy diferente, igual que el crecimiento económico.
Si fuésemos gobernantes de un país con elevada corrupción policial tendríamos claro que combatirla sería una prioridad y no cesaríamos en el empeño hasta conseguirlo porque hemos vivido sin ella. De igual manera, no debemos resignarnos ni mirar a otro lado. Viviremos sin apenas corrupción política como ha conseguido el norte de Europa. El premio merece el esfuerzo.
(Publicado en El Confidencial)
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