Desde la quiebra de Lehman Brothers se han elevado mucho los ratios de capital y liquidez exigidos a los bancos para que sean más resistentes ante próximas crisis financieras. Hace tiempo que Estados Unidos y Europa se encuentran en fase de recuperación económica, pero la regulación de las entidades financieras se sigue endureciendo. Si antes los ratios pecaban de ser demasiado permisivos, los nuevos tienen el problema contrario, son demasiado estrictos. Por otro lado, aspectos esenciales como la concentración de riesgos no se han revisado. Analicemos cómo afectan a las distintas partes los cambios que se están implantando.
1º) Los contribuyentes. Los mayores ratios de capital y liquidez exigidos reducen enormemente la probabilidad y dimensión de futuros rescates financieros con dinero público. Este es el objetivo de la reforma.
2º) Los directivos de los bancos. Se convierten en dueños y señores de unas fortalezas financieras resistentes a cualquier tipo de tormenta en la economía o en los mercados financieros. La regulación les permite mantenerse al frente de las mismas, recibiendo elevados salarios, aunque los accionistas, acreedores y clientes pierdan dinero. Los accionistas, normalmente muy dispersos, no tienen fuerza suficiente para sustituir a la dirección de las entidades en caso de malos resultados. Por otro lado, las mayores barreras de entrada regulatorias dificultan el acceso a nuevos competidores y también les protege en el puesto.
3º) Los reguladores. Se amplía el tamaño y el poder de decisión del ejército de funcionarios dirigidos por políticos y personas afines a los mismos que regulan y supervisan la solvencia y liquidez de los bancos. La supervisión de las grandes entidades la ha asumido la European Banking Autority (EBA) y el BCE. Si su papel se centrase en ser únicamente “legislador” y “policía” su labor sería más transparente respecto a la opinión pública. Sin embargo, las personas que dirigen estos organismos están en continuas “negociaciones” con políticos de los estados miembros y los lobbys del sector, lo que los convierte en más vulnerables a la corrupción.
Los perdedores son:
1º) Los accionistas. Las mayores exigencias de capital y liquidez se traducen directamente en mayores costes y menor rentabilidad. Pongamos un ejemplo en otro sector. Es como si a los restaurantes les obligasen a tener más capacidad de la que utilizan habitualmente por si puntualmente (ejercicio de estrés) recibiesen una avalancha de comensales. Los propietarios deberían multiplicar el tamaño de su local, el número de empleados y el volumen de comida que finalmente no se sirve. La rentabilidad sobre el capital empleado, ratios ROE o ROCE, será en consecuencia mucho menor.
2º) Los acreedores mayoristas. En el pasado los acreedores eran los grandes beneficiados de los rescates bancarios. En caso de problemas se intervenía y no se dejaba perder a los acreedores para evitar que la liquidación de la entidad generase dificultades mayores. Por ello, quienes que invertían en deuda bancaria tenían la rentabilidad “garantizada”. La nueva normativa hace posible que los acreedores tengan que asumir pérdidas para recapitalizar a las entidades en dificultades sin necesidad de liquidarlas. El mayor riesgo de los acreedores, se traduce en un incremento del tipo de interés de la deuda de las entidades, lo que también repercute negativamente en la rentabilidad para los accionistas. Este coste es mucho más relevante de lo que pueda parecer puesto que los bancos son por definición entidades muy endeudadas.
3º) Los usuarios de banca. Son los grandes perjudicados por la nueva normativa. El mayor coste que soportan los accionistas se está repercutiendo en el precio de los productos y servicios que le llegan al consumidor. La diferencia entre los tipos a los que se remuneran los depósitos y los que se pagan en los créditos ha aumentado muy significativamente. Si los tipos de los depósitos no pueden bajar más, están prácticamente a cero, se elevan las comisiones de servicio.
En conclusión, la mayor protección de los ciudadanos (contribuyentes), la pagan también los ciudadanos (usuarios de banca). Por el camino, están saliendo beneficiados los directivos de los bancos y los reguladores y perjudicados los accionistas y acreedores, estos últimos solamente hasta que se traslade el coste a los usuarios de banca.
Dado que el protegido y el pagador son prácticamente los mismos, lo que interesa a la sociedad en general es que la normativa sea adecuada a los riesgos. Ni demasiado laxa, ni demasiado estricta y que incluya todos los elementos relevantes. Es tanto o más importante evitar la concentración de riesgos (administraciones públicas, inmobiliario, etc) que el ratio de capital o liquidez en sí. El coste sobre el usuario de banca aumenta mucho más rápido si se elevan los ratios de capital que si se exige mayor diversificación de riesgos a las entidades.
Termino destacando que quienes mejor pueden controlar los riesgos asumidos son los directivos de las entidades, por ello es muy importante establecer los incentivos adecuados. En mi opinión, el coste de la deuda se reduciría muy significativamente si los acreedores supiesen que antes de perder ellos un euro de su inversión, la dirección de la entidad será reemplazada sin recibir indemnización alguna.
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