¿Cómo aumentar el potencial de crecimiento reduciendo el déficit?

La economía de mercado es injusta y perversa. Injusta porque no retribuye el trabajo en función del esfuerzo ni de la aportación a la sociedad. Perversa debido al gran número de conflictos de interés sin resolver existentes en todos los sectores. A pesar de ello, el gobierno no puede repatir los costes de un ajuste presupuestario como si fuera un padre que gestiona los recursos familiares apelando a una subjetiva justicia y desentendiéndose del funcionamiento del mercado.

Hasta mi madre, que califica la economía como un género literario porque no la considera ciencia, comprende y acepta el tremendo efecto que tienen los incentivos en el crecimiento económico. La ausencia de tales incentivos es la razón principal por la que se ha desplomado la confianza de empresarios, consumidores e inversores en la economía española. La gestión de las cuentas publicas no se debe limitar a observar los ingresos y pagos del estado para subir unos cuantos impuestos y recortar otros tantos gastos. La política económica debe ir más allá, es necesario que muchos gastos se reduzcan, pero también que otros aumenten y conviene que haya impuestos que suban a la vez que otros bajen.


Podría dedicar ese artículo a recriminar a los dos últimos gobiernos, cada uno de un color político, aquellas acciones que han perjudicado la economía hasta llevarnos a la recesión actual o bien, centrarme en proponer medidas que considero válidas para conseguir el doble objetivo de reducir el déficit público e incentivar el crecimiento económico. Comenzando por los ingresos, siguiendo por los gastos y terminando con la llamada "amnistía fiscal", haré lo segundo porque entiendo que será de mayor interés y utilidad.

Ingresos Públicos


No todos los impuestos o tasas tienen el mismo efecto sobre la economía. Los llamados impuestos directos (IRPF y Sociedades) gravan el beneficio obtenido por una actividad productiva, mientras que los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales) suponen un sobrecoste a una decisión de consumo (gasto). Tanto economistas como políticos defienden casi unánimemente que para salir de la crisis actual hay que producir más y gastar menos. ¿Qué necesitamos promocionar y qué conviene desincentivar? Con sólo este razonamiento, ¿No le parece obvio al lector que se debería bajar los primeros impuestos y aumentar los segundos?

La razón comúnmente aceptada para defender aumentos en los tipos impositivos de los impuestos directos frente a los indirectos es la mayor progresividad (pagan más los más ricos) de los primeros respecto a los segundos. Sin embargo, en mi humilde opinión, el estado debe redistribuir la riqueza más a través de los gastos y menos vía impuestos porque en una economía de mercado cada vez más globalizada:

1) Debemos poder competir con los países de nuestro entorno también en fiscalidad.

2)  Los contribuyentes (personas físiscas y empresas) que más deberían aportar, son los más incentivados a situar su domicilio fiscal en otro país y provocar de esta forma el efecto contrario al deseado: la disminución de la recaudación y una fiscalidad regresiva, solo pagarán las clases medias y bajas. En España los tipos impositivos en IRPF y Sociedades son de los más altos de Europa y del mundo.

3)  En el caso de los impuestos indirectos, es mucho más difícil deslocalizar el hecho imponible (consumo). No suele compensar en tiempo y dinero desplazarse a otro país para consumir. Además, tenemos el IVA y la gasolina más barata que los países de nuestro entorno.

4) Una subida del IVA provocaría que la "factura del ajuste fiscal" se compartiese con aquellos que nos visitan y consumen aquí, mientras que una subida del IRPF o de Sociedades no la pagarían ni ellos ni muchos de los que son de aquí. España es uno de los principales destinos turísticos del mundo.


Inversión y Gasto Público


En un proceso de fuerte desapalancamiento del sector privado la inversión privada casi desaparece porque los nuevos ingresos se emplean para pagar deudas. Se puede definir inversión como aquellos bienes que utilizamos hoy para obtener más bienes en el futuro. Entonces, si no invertimos y no esperamos bienes futuros, ¿quién puede tener confianza en una recuperación económica que genere demanda, empleo y pague nuestras deudas? Porque hacen falta motivos para crecer, hace falta aumentar la Inversión Pública, aunque esto suponga que haya que reducir más otros gastos.

En una situación como la actual, dicha inversión pública debe realizarse principalmente a corto o medio plazo porque nos hacen falta cuanto antes esos ingresos y porque tienen que ser creíbles y previsibles por los empresarios, consumidores e inversores. Por ello, debería ir más enfocada a infraestucturas que a I+D o educación. Pues bien, los principales recortes (en euros) que han realizado dos últimos gobiernos para tratar de ajustar los presupuestos han sido en infraestructuras.

La semana pasada tuve la oportunidad de escuchar a alguien muy próximo al gobierno económico defender las medidas de ajuste realizadas por el nuevo ejecutivo. Aproveché para preguntarle por medidas de crecimiento y en concreto por qué habían parado la inversión en infraestructuras. Su respuesta me dejó helado. Justificó el recorte en inversión pública argumentando que en momentos de bonanza se había hecho demasiado y dijo que nos sobran los "aeropuertos peatonales", los llamó así porque en ellos no despegan ni aterrizan aviones, y las "ruinosas autopistas" por las que no circula casi nadie. Desconozco hasta que punto está extendida esta forma de pensar en nuestro gobierno actual, pero me dejó muy preocupado. A quienes compartan ese punto de vista quiero lo señalarles lo siguiente:

1) En el sector privado también se llevan a cabo algunos proyectos que no generan el resultado deseado, pero no por ello nadie justifica que la inversión es innecesaria.

2) No tiene ningún sentido económico detener las obras en curso. Aunque muchas promociones inmobiliarias hayan resultado no ser rentables, el promotor y/o los acreedores siempre terminan las viviendas en construcción porque un inmueble en obras no vale casi nada. De igual forma, no se pueden dejar las autovías a medio construir. Es la peor opción.

3) Probablemente, la calidad de infraestructuras de transporte actual de pasajeros es suficiente, pero no se puede decir lo mismo del transporte de mercancías. Hay mucho por hacer en el transporte ferroviario, marítimo y aéreo. Es necesario invertir para mejorar y adaptar las infraestucturas actuales a las mercancías. Los empresarios se darían cuenta que exportar sus productos a otros países es sencillo, rápido, barato y fiable. De esta forma no se cerrarán empresas cuando disminuya la demanda interna y se incentivará la creación de compañías exportadoras.

Ahora toca lo más difícil, reducir los gastos. La disminución de gasto que beneficia (o perjudica menos) a la economía de mercado es aquella que tiende a hacer el servicio público más eficiente y transparente para el usuario. En este sentido, empezaría por muchos de los derroches e ineficiencias que bien están haciendo en denunciar todos los medios de comunicación sin excepción. Sin embargo, estas partidas no suelen ser las más importantes en tamaño en los presupuestos generales, las verdaderamente relevantes son las que más duelen al bolsillo del ciudadano y por ello, casi ningún medio denuncia ni propone nada en estas materias. Se trata del sistema de pensiones, la prestación por desempleo, la educación y la sanidad. Sobre la prestación de desempleo y algunos aspectos relacionados con las pensiones ya escribí mis propuestas aquí.

Respecto a las pensiones, quiero destacar que la economía necesita que el sistema público de pensiones incentive el trabajo. Es decir, se debe obstaculizar todo tipo de prejubilación y se debe fomentar que se trabaje hasta lo más tarde posible. En este sentido, mis propuestas son dos:

1) Permitir que quien quiera seguir trabajando tras la edad de jubilación pueda hacerlo cobrando además de su salario un 40% de su prestación por jubilación. De esta manera, la sociedad ganará el fruto del trabajo y el estado se ahorrará el 60% de la pensión de quienes opten por seguir trabajando.

Creo que hay que ser flexibles en la edad de jubilación porque no todos los sectores requieren las mismas aptitudes ni todas las personas pierden su utilidad para la sociedad al mismo tiempo. Muchos profesionales de sectores que requieren destrezas físicas estarían encantados de reciclarse en otros sectores con el complemento de salario que supone el 40% de la pensión.

2) Obligaría al empresario que despide a un trabajador a pagar el 80% del subsidio de desempleo cobrado por dicho trabajador si este último no encontrase empleo antes de tres años. De esta forma se conseguiría un triple objetivo: involucrar al empresario para buscar trabajo al empleado despedido, reducir el coste del subsidio de desempleo y desincentivar las prejubilaciones.

En educación, no propongo un recorte en sí mismo, sino una reforma del sistema de gestión que lo haga más eficiente. Entiendo y defiendo que las arcas públicas deben pagar el 100% de la enseñanza obligatoria y el 90% de los estudios universitarios, como ocurre actualmente, para salvaguardar la mayor igualdad de oportunidades posible. Sin embargo, para ello no es necesario que la gestión de los centros educativos sea pública, sino que podría ser privada. De esta forma se conseguiría una mayor calidad educativa para los alumnos y una menor factura para las cuentas públicas. El alumno podría elegir el centro educativo y dichos centros competirían por ofrecer la mejor educación para llenar sus aulas. Propongo el cheque escolar porque creo que el Estado debe garantizar la mejor formación de los estudiantes, no así proteger los salarios de profesores, catedráticos y otros empleados independientemente del valor de su desempeño. Al ser todos los colegios y universidades privados, desaparecería gran parte del doble sistema educativo publico-privado que discrimina a los jóvenes dando a unos más oportunidades que a otros.


Respecto a sanidad, no propongo el cheque sanitario debido a los conflictos de intereses existentes entre paciente y doctor. Si el estado paga todo, las clínicas privadas estarían incentivadas a realizar pruebas caras a sus clientes aunque no sean necesarias y a recetar los medicamentos o productos más costosos porque los proveedores tratarían de incentivarles económicamente la prescripción de su mercancía. Esto es algo que ya ocurre en la sanidad privada. Mi propuesta para reducir el gasto y aumentar la eficiencia es un copago para la mayoría. Creo que un copago por el que el paciente deba pagar 5 euros por consulta o prueba médica y 20 euros por ir a urgencias aumentaría los ingresos directos y disminuiría las visitas no necesarias (a medio plazo supondría un ahorro y/o una mejora del servicio sanitario). El colectivo que debe quedar al margen del copago ha de ser el de menor capacidad económica. En este sentido creo que debería ser manejable y controlable por Hacienda excluir del mencionado copago a quienes tengan ingresos inferiores a 10.000 euros, no tengan un patrimonio financiero (en bancos) superior a esa cantidad y no sean titulares de inmuebles o vehículos. La subvención a los medicamentos prescritos por el médico debería ser menor para casi todos y aumentar o mantenerse para el colectivo señalado.


La amnistía fiscal


Una amnistía fiscal es un arma muy peligrosa para reducir el déficit. Si no se gestiona bien generará el resultado opuesto al deseado, una mayor evasión de impuestos. Una vez más, los incentivos que haya para pagar o defraudar serán clave en el éxito de su ejecución. En mi opinión, la mejor manera de llevar a cabo algo parecido sería en tres fases:

1º) Susto inicial. El gobierno debería anunciar medidas concretas y polémicas contra el fraude que abran los telediarios y sean primera página de los periódicos. Deberían ser medidas que perjudiquen al que puede pagar pero decide no hacerlo. En este sentido propongo:
       a) Aumentar de 4 a 10 años la prescripción de las deudas con Hacienda. En la actualidad, la mayoría de los contribuyentes que deciden no pagar especulan con el plazo de prescripción.
       b) Aumentar al 10% los intereses de mora en los retrasos de los pagos a la Agencia Tributaria. La finalidad de esta medida es doble: impactar en la opinión pública y aumentar el coste de la multa.

2º) Anuncio de una salida honrosa para los defraudadores. El 30 de junio, día que finaliza la presentación del impuesto de la Renta, debería aunciarse que se abre un plazo de 6 meses para regularizar el dinero oculto pagando un impuesto especial del 25%. Un 10% es demasiado injusto para el contribuyente cumplidor y supone un incentivo a defraudar en el futuro. Esta vía de escape serviría para justificar la severidad de las medidas tomadas. Es necesario que se anuncie tras la presentación del impuesto del IRPF porque sino muchos contribuyentes declararán menos ingresos el año anterior y posteriormente se acogerán al impuesto especial pagando así un tipo menor a su marginal.

3º) Estocada final. Tres meses antes de la finalización del plazo establecido, se deben comunicar medidas que hagan al defraudador sentir que está solo y que si defrauda, casi con toda seguridad, le van a pillar. Para esta fase propongo ofrecer una recompensa del 10% del fraude destapado y pagado al ciudadano que lo denuncie y aporte pruebas. El defraudador empezará a pagar impuestos porque tendrá razones para dudar de sus vecinos, clientes, proveedores, socios...

Para concluir, quiero recordar que como argumenté aquí, ni subir los impuestos ni realizar recortes sociales son en mi opinión la mejor manera de ajustar las cuentas públicas. La clave está en el CONTROL de los ingresos y de los pagos.

Dejo aquí un puñado de semillas, espero que alguna caiga en tierra fértil. Más vale tarde que nunca.