Por favor, no tiren de la manta

En octubre de 2009, el socialista Yorgos Panpandreu ganó las elecciones legislativas griegas, revisó las cuentas públicas e informó al Eurostat, la oficina europea de estadísticas, de que el déficit de su país acabaría el año en el 12,5% del PIB y no en el 3,7% como había anunciado el gobierno anterior. Grecia había vuelto a mentir sobre sus cuentas públicas. La primera vez fue diez años antes para cumplir con los criterios de Maastricht y entrar en el euro. En febrero de 2010 se conoció que había ocultado deuda deliberadamente, siguiendo las recomendaciones de un banco de inversión, a través de swaps de divisa.


Lógicamente los inversores perdieron la confianza en la solvencia de Grecia y como consecuencia, en mayo de 2010 tuvo que ser rescatada por sus socios de la eurozona. En los últimos 18 meses, a pesar de unas subidas de impuestos y recortes sociales sin precedentes, el país heleno no ha logrado recuperar la credibilidad perdida y se enfrenta a una probable quiebra que empobrecerá mucho más aun a todos los ciudadanos griegos.

Papandreu no es culpable de la nefasta gestión de las cuentas públicas del gobierno anterior pero, en mi humilde opinión, es el máximo responsable del desgraciado futuro que le espera a los ciudadanos griegos. La reputación cuesta mucho ganarla y muy poco perderla. Si Papandreu no hubiese destapado y aireado todos los males de las cuentas griegas, unas medidas austeras menos profundas de las que ha aplicado habrían sido suficientes para no perder la confianza de sus acreedores. Tampoco los empresarios hubiesen paralizado las inversiones en el país, ni los ciudadanos habrían reducido su consumo, ni los ricos o empresas hubiesen sacado los ahorros fuera del país. En economía y en los negocios la credibilidad es fundamental.

En España, recientemente se han producido cambios en varios gobiernos autonómicos y hemos asistido a más de lo mismo: revisión de cuentas públicas y denuncia pública al gobierno saliente por una pésima gestión del dinero del contribuyente. Como consecuencia, la confianza de los ciudadanos en las instituciones autonómicas se ha deteriorado significativamente. Muchos funcionarios y empresarios temen por sus ingresos y desconfían de la solvencia de la entidad para la que trabajan. Por otro lado, las agencias de calificación han bajado aun más el rating de dichas regiones y los inversores han dejado de prestarles a ningún tipo de interés.

La gran duda de muchos inversores y empresarios es si ¿será España la nueva Grecia si hay cambio de gobierno en las próximas elecciones generales?. Esperemos que no. Ojalá el nuevo ejecutivo español sea más prudente. El problema es que los políticos, independientemente del país y del color del partido al que pertenezcan, velan por sus intereses a corto plazo tratando de sacar rédito de la denuncia púbica a sus oponentes y responsabilizándoles de las medidas impopulares que van a tener que adoptar. Deberían mirar más a largo plazo para darse cuenta que se hacen un flaco favor a ellos mismos. Si la economía que dirigen empeora significativamente o se estanca, sea cual fuere la causa, no saldrán reelegidos en las próximas elecciones.

Quiero aclarar que en las cuentas públicas no todo es blanco o negro, existe una amplia gama de grises. Hay muchas obligaciones de pago (deudas) de las administraciones y entes públicos que no computan como déficit en ningún país y son comumente aceptadas. En otras, sin embargo, existen más dudas de interpretación. En un momento como el actual, los políticos buscan todo tipo de fórmulas legales para que la deuda no sea contabilizada, al menos por ahora, como déficit. Si hay un cambio de gobierno, éste puede aplicar una interpretación más estricta y computar más partidas como déficit. De esta forma un político puede "destapar deuda no computada" y acusar al gobierno saliente de ocultarla.

Soy firme defensor de la transparencia de las cuentas públicas pero, considerando la coyuntura económica actual, pienso que es necesaria mucha cautela en la comunicación de la situación de las finanzas públicas. Hay que exigir máxima transparencia hacia adelante mediante nuevas leyes. Sin embargo, no se debe alarmar a los mercados y ni a la opinión pública por la situación actual. Una vez saneadas las cuentas o cuando recuperemos cierto dinamismo económico, se podrá denunciar a los gobiernos anteriores por su gestión negligente y pedir responsabilidades sin riesgo de afectar negativamente a la economía. Probablemente una acusación en la campaña electoral siguiente sea el momento óptimo para facilitar la reelección.

En las empresas privadas, cuando los accionistas cambian al equipo directivo, los nuevos responsables no denuncian tan abiertamente a los anteriores gestores porque aunque a la nueva dirección le convenga criticar a sus predecesores para vender mejor su futura gestión, los propietarios impiden que tales declaraciones puedan perjudicar a la entidad. Pues bien, en la empresa "economía española", los accionistas somos los ciudadanos y debemos evitar que los directivos, el Gobierno, nos empobrezca en su propio beneficio.